Con cientos de miles de afectados por preferentes, la CNMV sólo ha detectado desde la entrada en vigor de MiFID en 2008, 22 incumplimientos de esta normativa vigente, en las 21 inspecciones a entidades de crédito emisoras de instrumentos híbridos, a las que pidió información previa al registro de la emisión sobre la información entregada a los inversores y a la red comercial y el posterior informe de auditoría interna tras la comercialización. De ellos, hay 12 casos en los que no se valoró la conveniencia del producto o hubo una incorrecta valoración; 8 en los que se produjo una inadecuada gestión de los conflictos de interés y 2 en los que la información fue inadecuada. Estas actuaciones no ajustadas a la MiFID afectan a 6.212 millones de euros de nominal, menos del 10% del total emitido y comercializado en los últimos 5 años. La CNMV ha abierto expediente a 9 de los 13 grupos financieros que quedan en España tras la reestructuración financiera.
La mayoría de casos que ha estudiado el supervisor se salda con prácticas correctas. Así, sostiene que el número de clientes que contrató preferentes tras ser advertido de que la operación no era conveniente fue muy elevado, y el porcentaje de clientes a los que se recomendó personalmente la contratación es marginal, lo que quiere decir que esas compras no fueron fruto de una actividad de asesoramiento, que exige un test de idoneidad, sino de simple comercialización, actividad que requiere de un test de conveniencia, menos exigente, ya que solo analiza el conocimiento y experiencia del cliente pero no otras variables como su situación financiera.
A pesar de estos resultados, la percepción social que se vive en España es que hubo un mal asesoramiento a los clientes en la venta de estos productos.